Ofrecemos informe de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay para conocimiento de la población sobre las razones que han llevado al conflicto actual.

"Desde el advenimiento de la democracia en cada instancia presupuestal, siempre con el mensaje del presupuesto formulado por la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo invariablemente ha formulado una propuesta para el Inciso 16 Poder Judicial. Esta es la primera vez que el Poder Ejecutivo ignora totalmente la existencia de un poder del Estado como lo es el Poder Judicial.

Si bien la Suprema Corte de Justicia envía su propio presupuesto,  y así lo ha hecho, tradicionalmente el Parlamento aprueba las propuestas presupuestales que envía el Poder Ejecutivo y que en esta oportunidad, es 0% para la Justicia. Ello implica que se mantenga intocado el presupuesto elaborado para el quinquenio que culmina (2010-2015), sin haberse dispuesto actualizaciones en las partidas correspondientes.

Consideramos un hecho políticamente grave que el Poder Ejecutivo no contemple las necesidades salariales y de funcionamiento de la Justicia, entre otras razones por que produce una pérdida en la calidad de la democracia, una limitación al acceso de la Justicia como Derecho Humano fundamental al limitar al Poder Judicial en el cumplimiento de su función, como garante del Estado de Derecho

Castigando en particular a los sectores más vulnerables al no asignar créditos presuestales que tiendan a la mejora y el fortalecimiento de la Defensa Pública y el desarrollo de medios alternativos de conflictos como la Mediación. Esta instancia intermedia de interacción social permite resolver conflictos sin llegar al pesado Sistema Judicial.

Cuando se le niega al Poder Judicial recusos humanos para atender las demandas de la ciudadanía, cuando se le niega los recursos para implementar el Código del Proceso Penal, cuando se le niega los recursos para crear nuevos Centros de Mediación; cuando se le niegan recursos para que haya más Defensores Públicos, estamos afectando a la población más desprotegida.

Acceder a la Justicia es un derecho humano fundamental grantizado en la Constitución de la República, para que sea verdadero y real el Poder Judicial debe poseer los recursos para hacerlo posible, sino sólo serán palabras para los discursos.   

De igual manera consideramos realmente grave la inclusión del Art 677 (Proyecto del Ejecutivo), ahora 713 en el artículado modificado por Diputados.

Este artículo viola principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución como los son los Arts. 7, 8, 54 y 72. Establece una discriminación totalmente inaceptable entre los trabajadores públicos y los trabajadores de la actividad privada, así como dentro de los potenciales demandantes del Estado. Genera un retroceso en la consolidación y reconocimiento de los derechos de los trabajadores públicos conquistados en los últimos años.

Asimismo la redacción propuesta consagra una inadmisible y larga postergación en el pago de créditos salariales, contrariando la naturaleza alimentaria de satisfacción inmediata de los mismos como Derecho Humano Fundamental, transformándose el Estado en un empleador privilegiado en cuanto al plazo que dispone para el cumplimiento de dichas sentencias. La norma propuesta, además, hace tabla rasa con la protección al salario, formulada en el bloque normativo constitucional, de unánime reconocimiento.

Las deficiencias apuntadas implican una grave limitación al ejercicio de los derechos y al acceso a la Justicia para el conjunto de la sociedad. 

No somos ajenos a los cambios en el escenario de la economía nacional, regional e internacional que llevan al Gobierno Nacional a tomar recaudos en la organización de sus cuentas y en la distribución de sus recursos. 

No nos es ajeno la inexistencia de las relaciones entre el Presidente de la República y los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia.

Tampoco que el reclamo por diferencias salariales a partir de la Ley de Presupuesto N° 18.719 y las sucesivas “soluciones” legislativas promovidas desde entonces, han generado una profunda distorsión en el tratamiento de los temas judiciales y el castigo a los trabajadores de la Justicia con el congelamiento de sus salarios desde el año 2010 y que de aprobarse este presuesto esta situación se mantendrá hasta el año 2021.

Este conjunto de circunstancias y la decisión de presentar un Presupuesto 0% para el Poder Judicial ponen en serio riesgo la armonía del Estado de Derecho.

Declaramos nuestra voluntad inquebrantable de defender un Poder Judicial de cara a los derechos de la Ciudadanía.

Un Poder Judicial que fortalezca la Democracia y los Derechos Humanos.

Un Poder Judicial garantía del Estado de Derecho.

Un Poder Judicial con los recursos necesarios para cumplir con sus cometidos".