Montevideo (por Eloísa Font). En la Antesala del Senado de la República se realizó este martes la presentación del Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012. 

Esta publicación, editada por la oficina de UNICEF en Uruguay, pretende reunir, ordener y analizar la información cuantitativa y cualitativa disponible acerca de la situación de los niños, niñas y adolescentes del país. La presentación fue realizada por Egidio Crotti, representante de UNICEF en Uruguay y comentada por el Vicepresidente de la República, Presidente de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, Cr. Danilo Astori.

A continuación se brindan las conclusiones del Observatorio en los distintos aspectos vinculados a esta temática.

CONCLUSIONES

En ocasión del lanzamiento del primer Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay, en el año 2004, el país apenas salía de una de las peores crisis económicas de su historia. No obstante haberse iniciado la recuperación económica sobre fines del año 2003, la pobreza había alcanzado niveles alarmantes, y en 2004 afectaba al 39,9% de la población y al 63,7% de los niños menores a 6 años.

Conocer el impacto de esta nueva crisis sobre el conjunto de los niños y sus familias era una motivación fundamental del Observatorio. La estructura elegida consistió en recolectar la información disponible de fuentes oficiales recabada en forma sistemática y periódica para desplegarla según los ciclos de vida y el conjunto de derechos establecidos en la CDN. Se buscaba de esta forma ofrecer una mirada lo más amplia posible sobre la situación de los niños y adolescentes teniendo como principal referente a la Convención.

Difícilmente en aquel momento fuera posible imaginar qué iba a pasar en Uruguay diez años después. Uruguay transita desde hace años por un período de sostenido y pronunciado crecimiento que ha llevado a su PIB a los niveles más altos de toda la historia del país. La pobreza ha disminuido considerablemente no solo en el conjunto de la población sino en todas las franjas de edad, alcanzando los registros más bajos desde que se dispone de información sobre estas variables, es decir, al menos tres décadas.

Sin desconocer esas tendencias positivas, la protección plena de los derechos de todos los niños y adolescentes uruguayos dista mucho de ser un objetivo alcanzado. Pese al crecimiento económico sostenido, el incremento de los ingresos e incluso la reducción de la desigualdad en la distribución de la renta, muchos niños uruguayos siguen naciendo y viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad, que les impiden desplegar sus capacidades y potenciales talentos, así como acceder a oportunidades de desarrollo personal y colectivo.

Al examinar la trayectoria económica y social de las últimas tres décadas se evidencia la acumulación de notorios déficits en relación con la equidad en la distribución de las oportunidades entre los niños y adolescentes. En 2011, cuando la pobreza llegó a su menor nivel en las últimas tres décadas, la brecha entre la población general y la infantil persiste en su tendencia histórica. Mientras que la pobreza entre la población general fue de 13,7%, el 26,1% de los niños de menos de 6 años vivían en hogares pobres.

La edición 2012 del Observatorio intenta desplegar la información de acuerdo a los ciclos de vida con un enfoque de derechos, dirigir una mirada a la situación de niños y adolescentes en el Uruguay del crecimiento.

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INEQUIDAD

El primer capítulo advierte una transformación estructural que se ha dado en Uruguay en los últimos años con relación a la pobreza. Pese al crecimiento que la economía uruguaya experimentó hasta fines de la década del noventa, comenzó lentamente a incrementarse la pobreza en el área metropolitana, lo que inició un período de convergencia con el resto del país urbano en términos de pobreza, a tal punto que actualmente Montevideo registra uno de los porcentajes de pobreza más altos del país.

Reducir la pobreza cuando su incidencia se concentra en núcleos duros que han estado relativamente alejados de las oportunidades de movilidad social implica no solo mejorar la capacidad de consumo de esos hogares y acrecentar el capital humano de quienes los integran —especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes a través de las políticas de primera infancia, salud y educación—, sino también desarrollar otro tipo de políticas orientadas a reconstituir las oportunidades de intercambio y socialización en el espacio público urbano entre personas que provienen de distintos contextos socioculturales.

En otros términos, la mejora de los ingresos de las familias con niños y, consecuentemente, la posible reducción de la indigencia, la pobreza no indigente y la brecha de pobreza no se traducen en forma mecánica e inmediata en mayores oportunidades si al mismo tiempo no operan otras políticas públicas que permitan a las familias con niños y a los propios niños acceder a servicios de mayor calidad. Si tres de cada diez adolescentes no logran culminar la educación media básica y seis de cada diez no logran finalizar la educación media superior, es incorrecto suponer que solo una cuarta parte de los niños y adolescentes (los que viven en hogares en situación de pobreza) es la que no goza de sus derechos.

Proteger en forma efectiva los derechos de todos los niños y adolescentes uruguayos, asegurar las condiciones materiales y culturales para que puedan desarrollar sus capacidades y talentos, y así ampliar sus oportunidades, representa un reto particularmente pertinente para Uruguay, considerando el escaso crecimiento de su población y la tendencia observada en los últimos años a la disminución de la población infantil. En este contexto, asegurar las mejores condiciones para el desarrollo de los niños que nacen en Uruguay constituye, además de un imperativo ético y una responsabilidad del Estado, una estrategia inteligente para un país pequeño cuyas oportunidades de desarrollo descansan, en gran medida, en expandir al máximo posible las capacidades, los talentos y la creatividad de sus generaciones más jóvenes.

PRIMERA INFANCIA

En lo que tiene que ver con la primera infancia, existe un creciente consenso en reconocer que las condiciones de los primeros años de vida representan una oportunidad para mejorar las trayectorias de vida de las personas. Asegurar la mayor igualdad posible desde el inicio es un factor poderoso que posibilita aprovechar todas las capacidades que cada individuo pueda alcanzar. Considerando la trayectoria vital como una carrera, largar de la mejor forma y sin acarrear un peso innecesario es condición fundamental para asegurar el mejor resultado.

Al analizar la información disponible sobre los niños más pequeños y sus familias encontramos que este es el grupo que acumula mayores desventajas, pese a los avances registrados en elpaís en términos de bienestar general. A una mayor participación en la pobreza se suman problemas de nutrición y salud prenatal, niveles persistentes de bajo peso al nacer y prematurez asociados a un componente neonatal de la mortalidad infantil que aumentó en 2011, malnutrición infantil, anemia y mayor riesgo y retraso en los niveles de desarrollo. Si tenemos en cuenta las consecuencias que esto tiene en las trayectorias de vida y en las posibilidades de aprovechar oportunidades en el futuro, se amplifica la percepción de cuánto se está poniendo en riesgo.

En razón de su perfil demográfico, el número de nacimientos en Uruguay es bajo. Cada año nacen alrededor de 47.000 niños. Si se tienen en cuenta los indicadores analizados, una cuarta parte de ellos vivirá en hogares pobres, un 11% tendrá una talla menor de lo esperado, un 31% padecerá anemia al llegar a los dos años y aproximadamente un tercio presentará problemas de riesgo y/o retraso de desarrollo. Al considerar los números absolutos queda en clara evidencia que la meta de atender y cuidar de los niños para que puedan superar las dificultades enumeradas debería ser un objetivo plenamente alcanzable.

El consenso acerca del impacto de los primeros años de vida en la trayectoria las personas, se acompaña de evidencia que sugiere que invertir en acciones eficaces en esta etapa de la vida tiene un gran retorno para el conjunto de la sociedad. Además, muchas de estas acciones están respaldadas por fuerte evidencia respecto de su eficacia y no tienen un costo elevado. Uruguay tiene por delante hoy una oportunidad histórica para desarrollar políticas públicas que aseguren a las futuras generaciones buenas condiciones en el inicio de la vida y, por tanto, igualdad desde el comienzo.

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Si bien ha habido avances en cuanto a la situación de la infancia en general, aun no se advierten cambios significativos en los resultados educativos ni un viraje notorio en la trayectoria del sistema educativo. Los diagnósticos sobre el estancamiento en los logros de aprendizaje al final de la vida adolescente se observan en varias generaciones. A esto se suma la desigualdad en los logros, la cual es atribuible, en gran medida, a que el sistema no ha conseguido equiparar las situaciones diferentes en los puntos de partida de sus estudiantes.

Es innegable la centralidad que la educación ha adquirido en la agenda uruguaya actual. Y es necesario dejar establecido que esta centralidad ha sido correspondida por un impulso presupuestal sin precedentes para la historia reciente del país. Aunque la participación en el PIB de la inversión pública en educación aún es inferior a la que se advierte en otros países de similar nivel de desarrollo, el incremento de los recursos estatales destinados a la educación, expresa el compromiso de la sociedad y el Estado con la educación.

El desafío es proteger las trayectorias educativas a todo nivel, lo cual está condicionado por el éxito en otro reto aún mayor: proteger las trayectorias de desarrollo de niños y adolescentes. Pensar en trayectorias educativas es una buena forma hacer foco en el niño y adolescente como sujeto de derecho, mientras que permite detectar cuáles son los principales obstáculos en sus trayectos. Así, es posible advertir que en el transcurso de estas rutas educativas existen algunos indicadores que indican en qué momentos el derecho a la educación es vulnerado.

El Observatorio muestra que la asistencia insuficiente entre los de 3 a 5 años de edad que reciben educación inicial y primaria constituye el primer factor que afecta en forma negativa la posibilidad de lograr una inserción oportuna en los primeros años de escolarización. La disparidad en los aprendizajes y los niveles de repetición, asociados a la condición social del alumnado, constituye otra de las características estructurales del sistema educativo primario.

Estas desigualdades e inequidades persisten en el transcurso de la enseñanza primaria, se condensan, se tornan más evidentes y se multiplican en la educación media. Es aquí cuando comienza a manifestarse la desvinculación temprana sin alcanzar al menos el ciclo básico obligatorio y mucho menos la educación media superior. Este estancamiento también se advierte en las tasas de egreso de ambos ciclos, que prácticamente han permanecido inmóviles durante los últimos veinte años.

Por otra parte, una situación que merece especial preocupación refiere al alto y creciente nivel de repetición en los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de la ANEP. ¿Cómo es posible que prácticamente un 30% del alumnado repita? ¿Cómo es posible que repitan cuatro de cada diez alumnos de primer año en Montevideo? Quizás sea hora de reflexionar acerca de la validez, la pertinencia y la utilidad del instrumento de la repetición, como lo vienen haciendo los sistemas educativos de los países más desarrollados. Buscar alternativas al fracaso escolar, ampliando las oportunidades de aprendizaje, respetando la diversidad en los trayectos, parece ser el camino.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Las experiencias de fracaso escolar de miles de adolescentes uruguayos, que generalmente tienen como epílogo la definitiva desafiliación educativa, indican que es en esta etapa donde se advierten las manifestaciones más extremas de vulneración de derechos. En ese sentido, la situación de los adolescentes en conflicto con la ley merece un análisis objetivo, riguroso y serio, basado en evidencia empírica, al tiempo que demanda una mirada sistémica que contemple otras dimensiones relevantes.

Los adolescentes que viven en situación de pobreza son hoy asociados casi linealmente con el delito. Aparecen ante la ciudadanía como los principales responsables de la situación de inseguridad y violencia. En tal sentido, la información examinada en este capítulo muestra que los delitos cometidos por adolescentes continúan representando una porción reducida del fenómeno.

El delito en los adolescentes no se comporta aisladamente y no debe ser analizado desconociendo que se enmarca en un contexto más complejo, que tiene que ver con la violencia delictual en general y con los patrones de comportamiento de los adultos. Sin subestimar el problema, la información que brinda el Observatorio lleva a preguntarse si el endurecimiento en la respuesta a los delitos cometidos por adolescentes es un aporte para solucionar los problemas de inseguridad.

La privación de libertad tiene consecuencias demoledoras para la vida de un adolescente, para su presente y para su futuro. Lejos de la pretensión “resocializadora”, el encierro desde corta edad implica una socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de la cárcel, la anulación de la identidad y el aumento del desarraigo comunitario y familiar. Por eso debe ser utilizada solo en casos de delitos graves contra la vida y las personas y ser ejecutada en condiciones dignas. Pese a ello, la privación de libertad es hoy la medida más utilizada por el sistema uruguayo de justicia penal juvenil, mientras que las medidas alternativas, que aparecen como más eficientes contra la reincidencia, tienen aún una utilización limitada.

La violencia doméstica es hoy el delito contra las personas con mayor número de denuncias y es un fenómeno que vulnera los derechos de miles de niños y niñas uruguayos. La exposición de un niño a la violencia tiene consecuencias inmediatas en el desarrollo (dolor, dificultades para aprender, desvalorización, miedo y desconfianza en el mundo adulto), pero también secuelas para el resto de la vida (dificultades para entablar relaciones y vínculos sanos, depresiones, conductas autodestructivas). Sin embargo, el tema no suscita en la opinión pública una preocupación similar a la que despierta la violencia delictual.

Sin embargo, la expresión más evidente de las fisuras del sistema de protección de la infancia se encarna en los niños privados de cuidados parentales. Hoy, frente a la evidencia de que la internación supone reprimir a los niños y solo contribuye a reforzar su exclusión, existe un consenso entre quienes trabajan en el campo de la infancia sobre la necesidad de los niños de crecer en un entorno familiar, cualquiera sea su composición. En tal sentido, corresponde señalar los esfuerzos que viene realizando la institucionalidad pública para reducir el número de niños en instituciones, en particular la aprobación de la ley 18.590 de 2009, que actualizó el marco jurídico imponiendo la reducción de la permanencia de niños en hogares de tiempo completo.

El repaso de los temas que han sido examinados en esta última edición del Observatorio —la evolución de la pobreza infantil, la situación de la primera infancia, las trayectorias educativas de niños y adolescentes, y las manifestaciones más extremas de vulneración de sus derechos, con énfasis en la situación de los adolescentes en conflicto con la ley— permite apreciar los avances que Uruguay ha realizado en los últimos años con relación a la protección de los derechos de la infancia, pero también las asignaturas pendientes y los retos para los próximos años.

Quizás esos múltiples retos puedan ser sintetizados en una convicción compartida por los distintos actores implicados en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas orientadas a la infancia: lograr una sociedad más desarrollada e integrada depende de poder garantizar, en forma efectiva, que todos sus ciudadanos ejerzan sus derechos, lo cual supone entre los niños generar las mejores condiciones para que puedan desarrollar sus capacidades, talentos y creatividad.