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Una decena de organizaciones sociales uruguayas firmaron una declaración de principios y se comprometieron a trabajar juntas con el propósito de incidir en la promoción y defensa del derecho humano a la educación inclusiva en Uruguay
Las organizaciones, que conforman el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva (GT-EI), se comprometieron a aunar esfuerzos para generar cambios sociales para todas las personas que viven situaciones de discriminación por motivos de discapacidad.
“Todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen el derecho humano a asistir a centros educativos comunes”, sostiene el GT-EI en su declaración de principios. Para ello, el sistema educativo uruguayo debe realizar “profundos cambios a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en todos los niveles”.
Con este objetivo, las organizaciones se comprometieron a trabajar para incidir en la eliminación de “los obstáculos y barreras que impiden la participación efectiva de las personas con discapacidad en el sistema educativo común”.
“Un sistema educativo es inclusivo cuando valora y celebra la diversidad del alumnado, contempla sus necesidades y características individuales, y promueve el desarrollo pleno del potencial humano y sus capacidades”, señalan.
Recuerdan que a través de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Uruguay, la Ley N° 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad y la Ley General de Educación N°18.437, el Estado uruguayo está obligado a trabajar en este sentido.
Sin embargo, aún persisten muchos desafíos para que la educación inclusiva sea un hecho. Las organizaciones sostienen que es fundamental asegurar la inclusión efectiva de todas las personas con discapacidad en el sistema educativo común público y privado, formal y no formal, en la medida que “trae importantes beneficios para toda la comunidad educativa, y fomenta la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en su ciclo de vida”.
Finalmente, las instituciones y organizaciones firmantes de la Declaración de Principios señalan que trabajarán para promover el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad: “Queremos que el derecho sea un hecho”.
El GT-EI es coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Adhirieron a la declaración de principios: Amnistía Internacional – Uruguay, el Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Uruguay, Federación Autismo Uruguay, Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Infancia Adolescencia Ciudadana, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.
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