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(por Roger Rodríguez) El Ministerio Público y Fiscal, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, resolvió días atrás el traslado compulsivo y sin aviso a una fiscalía civil de la Dr. Diana Salvo, fiscal penal de 10º turno, que estaba a cargo de la causa que indaga las denuncias de malos tratos y abusos sexuales a los que fueron sometidas las ex presas políticas en los años de la dictadura.
La Dra. Salvo había pedido que se formara una pieza independiente para procesar con prisión al militar Asencio Lucero, quien en su testimonio del martes 30 ante la jueza penal de 16º turno, Julia Staricco admitió y justificó la práctica de torturas aberrantes sobre las mujeres que estaban detenidas en el Regimiento de Caballería Nº 9.
La representante del ministerio público, ahora enviada a la Fiscalía Civil de 8º Turno, pretendía que continuaran las investigaciones sobre el caso principal a la vez que pidió el procesamiento de Lucero en un escrito presentado hace más de un mes. Sin embargo, la sorpresiva respuesta de la Procuradoría General de la Nación, a cargo del Dr. Jorge Díaz Almeida, fue su traslado.
El episodio sufrido por la Dra. Diana Salvo (será subrogada por la Dra. Estela Llorente, proveniente de Maldonado), constituye el tercer caso en que en el sistema judicial uruguayo se produce el trasladado al área civil, de un funcionario que se destacaba por su trabajo en indagaciones sobre delitos penales vinculados a hechos de corrupción o a crímenes de lesa humanidad.
A principios de 2012, cuando asumió su cargo el Dr. Jorge Díaz, se produjo el escandaloso cambio de destino del fiscal Ricardo Perciballe quien venía actuando en las fiscalías especiales contra el crimen organizado. Y a comienzos de 2013 la Suprema Corte de Justicia, decidió el traslado compulsivo de la jueza Mariana Mota quien tenía a su cargo 50 causas de derechos humanos.
La confesión de Asencio Lucero, encargado de Inteligencia del Regimiento 9º, fue divulgada por el semanario Búsqueda, quien destacó que “se describen por primera vez en forma detallada las torturas efectuadas por militares a los detenidos políticos” como el submarino mojado o seco, la picana eléctrica, la privación de sueño, el desnudo en mujeres, los plantones y otros apremios.
La Dra. Salvo también atendía el misterioso caso de la bomba que estalló en 2009 en una casa de la calle Plutarco, donde falleció Miriam Mazzeo, funcionaria del Instituto Superior de Formación Física, casada con Carlos A. Díaz. Una nueva línea de investigación estaba en curso luego que se agotaran varias teorías sobre quién puso el explosivo, catalogado como "casero" por los técnicos del Ejército.
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