(escribe  prof. Alejandro Carreño T ) Tan mal están las cosas para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que todo acto que pueda significar cualquier tipo de apoyo a su crítica situación político-judicial, vale. Como se sabe, desde hace tiempo el expresidente viene siendo investigado por una intentona de golpe de Estado en contra de Luis Inácio Lula da Silva el 8 de enero de 2023. La conspiración, según la Policía Federal, se preparaba desde octubre del año 2022 con la anulación de las elecciones presidenciales. El Presidente Bolsonaro, algunos ministros y asesores, junto con representantes de las Fuerzas Armadas, estaban confabulados para impedir que Lula da Silva llegara al Palacio de Planalto.

La agenda del golpe de Estado la conoce la policía, pues dispone de un video del 5 de julio de 2022 que revela el plan golpista manipulado por el gobierno, que incluía la divulgación de noticias falsas acerca de las elecciones del 8 de octubre, correspondientes a la primera vuelta. Ese martes 5 de julio, el entonces Presidente Bolsonaro se reunió con Anderson Torres (ministro de Justicia), Augusto Heleno (general, ministro Jefe de Seguridad), Paulo Sergio Nogueira (general, ministro de Defensa) y el ministro jefe de la Casa Civil, general Walter Braga Netto. Y los dardos de estas noticias falsas tenían blancos específicos: la Justicia Electoral y la Corte Suprema.

Aún más, la policía conoce perfectamente el día y la hora en que Jair Bolsonario recibió de sus asesores directos, Filipe Martins y Amaurí Saad, una detallada información de las acciones que deberían realizarse. En noviembre de 2022, Martins le entregó al comprometido expresidente, el plan que se había acordado con algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Luego del fracaso del plan “elecciones fraudulentas”, el paso siguiente fue destituir a Lula y encarcelar al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, su colega Gilmar Mendes y al presidente del Senado Rodrigo Soares Pacheco.

Hoy, Bolsonaro no descarta que pueda ser aprehendido por los delitos que se le acusan y que él niega: “Hoy uno puede ser detenido por nada”, declaró. Y en una entrevista a la radio CBN Recife dijo que para una asonada “tiene que haber armas, una conspiración, tanques en las calles, una autoridad, una figura dirigiendo ese golpe. Nada de eso hubo. ¿Qué locura es esa de hablar de un golpe en Río de Janeiro?”. Señaló, además, que la intención es perjudicar al Partido Liberal en las próximas elecciones locales. Y se refirió a compañeros que ahora están presos: “Hoy en día cualquiera puede ser detenido sin motivo. Veo compañeros, que trabajaban junto a mí, que están presos. ¿Acusados de qué?”.

Pero las pruebas en contra de Jair Bolsonaro suman y suman. Lo acusa el Congreso en una declaración que no deja lugar a especulaciones: “Congreso de Brasil señala a Bolsonaro de urdir un golpe. Una #comisión del #Congreso de #Brasil recomendó el miércoles acusar a #JairBolsonaro de intentar un "golpe de Estado", al concluir su investigación sobre la #asonada cometida por una multitud de partidarios del exmandatario ultraderechista el 8 de enero pasado. (Tuit publicado por el medio DW Español del 18 de octubre de 2023).

Y la grave acusación de su asesor el coronel Mauricio Cid, quien declaró a la policía que Bolsonaro maquinó con los altos mandos del Ejército un plan de golpe para llamar a nuevas elecciones.

¿Lo salvará la Avenida Paulista el 25 de febrero próximo? Por supuesto que no. Podrá reunir miles y miles de adherentes ese día en la principal avenida del país, para que le manifiesten su apoyo. Pero en Brasil, como en otros países latinoamericanos, la Justicia suele meter tras las rejas a políticos de envergadura, incluyendo presidentes. Solo en Chile se libran de la cárcel o de cualquier otro castigo. Al contrario, aquí se les premia con cargos públicos, embajadas y otras prebendas que pagamos todos los chilenos.