(escribe prof. Alejandro Carreño T.)  El crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común forman parte del ADN latinoamericano. Una realidad que no la quisiéramos, pero que ahí está, golpeándonos día a día la cara con la brutalidad con que suelen operar estas verdaderas ligas de criminales sin fronteras, multinacionales, violentas e invasivas. Su presencia es símbolo de reguero de sangre, de tortura y de muerte, como la que acaba de descubrirse en la comuna de Maipú al poniente de Santiago, venezolanos miembros del Tren de Aragua.

Por razones diversas, pero sobre todo políticas, se han radicado en algunos países de la región, desde donde operan como verdaderas empresas multinacionales, contaminando no solo los poderes del Estado, sino la propia sociedad, haciendo que el combatirlas sea aún más difícil. La gente, entonces, se defiende como puede, pero en realidad no es más que “un saludo a la bandera”, como decimos en Chile, cuando las acciones no pasan de las buenas intenciones o son absolutamente insuficientes.

Pero hay lugares en los que la realidad es una novela que se escribe en las calles y plazas, con personajes de carne y hueso que parecen arrancados de una ficción sobre el crimen y cómo las personas lo combaten. Uno de estos lugares es “José Joaquín de Herrera”, municipio del estado de Guerrero, en el suroeste de México. Es un municipio formado por 57 comunidades de las cuales el 90% son cohuixcas y el 10% restante se divide en nahuas y mestizos. Además, la lengua indígena predominante es el náhuatl.

“José Joaquín de Herrera”, como gran parte de México, se encuentra bajo el terror del crimen organizado: “Los que nos están acribillando, los que están secuestrando a nuestra gente son Los Ardillos (grupo delictivo). Tenemos conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a las autoridades municipales, estatales y federales que nos apoyen con agentes de seguridad”. El llamado es de Luis Morales Rojas, miembro de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

En cuanto esperan, la comunidad indígena Ayahualtempa, tomó el toro por las astas y “preparó” a 20 niños (5 mujeres y 15 hombres entre 11 y 15 años), en el manejo de armas: rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas, según el medio chileno biobiochile.cl del jueves 25 de enero. Ellos quedarían “protegiendo” la comunidad, pues los mayores de 15 años se suman a quienes partieron en busca de cuatro integrantes de una familia que fueron secuestrados el pasado 19 de enero. El hecho ocurrió en Zacatepec.

En cuanto en México, comunidades indígenas arman a sus niños y los “preparan militarmente” para labores de vigilancia y protección, en Chile continúan muriendo niños a manos de estas bandas de narcotraficantes. Solo que aquí, para el ministro de Justicia, Luis Cordero, el asesinato de estos niños son “efectos colaterales” de las luchas de poder de estos criminales, por apoderarse de los barrios.

Usted, amigo lector, seguramente está sorprendido con hechos que nos conmueven y preocupan como latinoamericanos: niños-militares en México; niños asesinados en Chile como consecuencia de “efectos colaterales”.

¡Qué vergüenza de políticos tenemos!