(escribe prof. Alejandro Carreño T.) Las bandas de todo tipo están de fiesta en nuestro siempre zamarreado continente latinoamericano. Cuando no es pito, es flauta, como dice el refrán. Pero lo cierto es que por la razón que sea, siempre la estamos pasando mal. Desde hace bastante tiempo, el flagelo de la delincuencia al más alto nivel, tipo Tren de Aragua, Maras y otras linduras por el estilo, se ha adueñado de varios de nuestros países y se desplaza a través de ellos como Pedro por su casa. En muchos casos con el gentil auspicio de policías, jueces y políticos corruptos que, con su complacencia y el pago generoso en dólares, son cómplices de las matanzas diarias en calles y plazas de nuestras ciudades.

No puede negarse, con todo, que en nuestro continente se encuentran los tres mayores productores de coca del mundo: Bolivia, Perú y Colombia, lo que no significa de ninguna manera que estos países sean un antro de perdición criminal, puesto que en el resto de América Latina la violencia de los actos delictivos ha aumentado notoriamente en los últimos años. Violencia que comprende todos los niveles de delitos, desde el narcotráfico a crímenes comunes y cibernéticos con ejecutores también variados, desde carteles que dirigen el crimen organizado, a pandillas callejeras, homicidas y delincuentes comunes.

Los datos entregados en el último informe de septiembre pasado por el Índice Global del Crimen Organizado, nos dice que desde el 2021 al 2023, y con la sola excepción de Surinam, las alzas más notorias del crimen organizado en una escala de 1 a 10, la encabeza Chile que pasó de 4,6 a 5,18, seguido de Argentina de 4,38 a 5, Uruguay de 2,69 a 3,22, Paraguay de 6,7 a 752 y Ecuador de 6,25 a 7 (fuente: El Mercurio, de Santiago del domingo 3 de este mes).  El problema con la delincuencia, especialmente con el crimen organizado, es que una vez que ha invadido las estructuras del Estado, se hace muy difícil exterminarlo.

En los países mencionados en el párrafo anterior, la crisis de seguridad se ha tomado la agenda nacional, pues han sido ya contaminados por organizaciones criminales de reconocida violencia y efectividad que se han expandido hasta fuera de nuestras fronteras continentales, como el Primer Comando Capital, de Brasil y el conocido Tren de Aragua de Venezuela, paseándose hace rato por Chile. Una de las razones de esta expansión del crimen organizado tiene que ver con la infiltración en “sectores de justicia, ministerio público y fiscalías”, según el experto en seguridad pública de la Facultad de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador, Fredy Rivera Vélez.

Pero mi experiencia de ciudadano chileno suma la fragilidad de las fronteras, que se tornan verdaderos pasadizos incontrolables por el que ingresan miles de delincuentes camuflados de inmigrantes o refugiados. Por cierto, falta, en el caso chileno, interés político por solucionar o por lo menos aminorar el problema. De repente la ideología se vuelve más importante que la seguridad ciudadana, más aún cuando se está sometido a organizaciones internacionales dominadas por la agenda 20/30 que determina el libre flujo de inmigrantes y refugiados por el mundo, teniendo como argumento la manida manipulación de los derechos humanos.

Sé que esto puede resultar antipático, pero, por lo menos, en mi país, es una realidad. Ciertamente los gobiernos deben actuar mancomunadamente para enfrentar de mejor manera la avasalladora avalancha del crimen organizado, que ya ha socavado la decencia administrativa en varias regiones de nuestra América Latina. “Los Estados tienen que comenzar a cooperar de manera más coordinada”, dice Bram Ebus, experto en criminalidad en América Latina del Crisis Group. Y agregó: “Hablamos del intercambio de inteligencia, mejores herramientas de comunicación y coordinación entre entidades estatales” (El Mercurio).

Parece que Ebus estaba pensando en Chile, Perú y Bolivia.