(Escribe  prof.  Alejandro Carreño T.) Todo mal para Pedro Castillo, el expresidente que gobernó el Perú desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022. No alcanzó a tomarle ni el gustito al Palacio Pizarro, sede el gobierno peruano. Su intento de golpe ese día 7 de diciembre lo incapacitó moralmente para ejercer el cargo y, siguiendo al pie de la letra la Constitución, fue destituido de su cargo presidencial. Como se sabe, luego de su fallido golpe de Estado, Castillo fue detenido por su propia escolta cuando se dirigía a la embajada de México con el propósito de asilarse.

Como se sabe también, fueron pocos los países que le brindaron su apoyo condenando su detención, entre ellos los consabidos Argentina, México, Cuba, Venezuela, Bolivia y Chile, sin considerar, en absoluto, el mandato de la Constitución peruana y motivados, solamente, por empatía ideológica. Hoy, las cosas no han mejorado para Castillo; por el contrario, hace solo unos días, la Justicia, representada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, rechazó el recurso que buscaba detener la investigación, lo que significa que Pedro Castillo continuará en la prisión de Barbadillo cumpliendo la prisión preventiva.

Pero los males no terminan ahí para el frustrado dictador, pues se le investiga también por liderar una red criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas, además de colusión y tráfico de influencias, lo que le significó enfrentar una segunda medida de prisión preventiva de 36 meses. Si nada extraordinario ocurre en el proceso, Pedro Castillo permanecerá en Barbadillo hasta el 8 de marzo de 2026. Por cierto, un cuadro que ni él ni su defensa jamás soñaron.

De acuerdo con el juez Checkley, la investigación contiene los tres requisitos fundamentales para aplicar esta medida en el caso Castillo: la fuerte sospecha de la comisión del delito; una condena que sería mayor a cuatro años y altas probabilidades de peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones. La determinación del juez Checkley deja de manifiesto una vez más que en Perú la justicia, por lo menos cuando se trata de juzgar y condenar a expresidentes, sí funciona. Lo mismo no puede decirse de otros países.

A pesar de los argumentos dados por la justicia, Pedro Castillo, propio de todos los golpistas fracasados, no tiene vergüenza para enjuiciar el proceso que se le lleva a cabo, ni mucho menos su prisión: “A día de hoy soy un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación. Un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente”, declaró sin arrugarse. Continúa alegando la legitimidad del frustrado golpe, desconociendo de esta manera la propia Constitución que hizo posible su destitución.

Sin embargo, el correcto proceder de la justicia, no impide que Perú sea una caja de pandora de la que en cualquier momento surja el drama de la ingobernabilidad. De hecho, la Presidenta Dina Boluarte sugirió a Keiko Fujimori que Fuerza Popular plantee nuevamente el adelanto de elecciones.

Solo nos queda esperar que Perú resuelva democráticamente sus problemas, puesto que cualquier atropello a la democracia repercute no solo en el país, sino también en todo el vecindario.

Y el horno del vecindario está para muchos bollos.