(escribe prof. Alejandro Carreño T.) En mi columna “El Loco Humala”, publicada el jueves 22 de diciembre de 2022 en este mismo medio, comentaba: “Pero en Perú la cosa cambia. La historia reciente nos muestra el riesgo latente de ser presidente”, para concluir: “Por eso no me explico el afán por querer llegar a Palacio Pizarro cuando lo más probable es que termine tras las rejas”, como terminó Pedro Castillo luego de su fallido autogolpe de Estado, condenado por la inmensa mayoría de las naciones democráticas del mundo, Y Dina Boluarte, recién asumida Presidente de Perú, puede no ser la excepción. A las dos semanas cambió de gabinete, decretó estado de excepción y anunció el adelanto de las elecciones presidenciales para abril del 2024, que finalmente el Congreso aprobó. Pero harta agua ha corrido en muy poco tiempo.

El ADN exterminador de presidentes de Perú la persigue, y la exaltación popular de los partidarios de Castillo, pide no solo su renuncia sino también la del Congreso. Perú es, en estos momentos, un caos total.  Vive una crisis semejante a la vivida por Chile durante los tiempos álgidos en que reinaron los delincuentes de la llamada primera línea: destrucción, vandalismo y saqueos, como una forma de destituir una institucionalidad legítimamente avalada por la Constitución. La crisis política y social del país tiene su origen en la pugna permanente entre Congreso y Ejecutivo. “Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú”, señala un tuit de la Presidencia del Perú del sábado 28 de este mes.

El tuit obedece al rechazo por parte del Congreso de la propuesta de la Presidenta de adelantar las elecciones generales para octubre de este año y no más abril de 2024: “Nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social”, señala el mismo tuit. Hoy lunes, sin embargo, se discutirá en el Congreso la posibilidad de volver a votar la propuesta presidencial. Y de ser aceptada y aprobada, el nuevo Congreso asumiría sus funciones el 31 de diciembre y el nuevo Gobierno el 1 de enero de 2024. Desde lejos, parece una medida razonable para acallar las voces violentistas y terminar con la crisis política y social que tanto dolor y muerte ha causado al Perú,

La Presidenta Boluarte está en la cuerda floja, no solo por la inusitada violencia de los exaltados adherentes del golpista Pedro Castillo, sino también porque diputados izquierdistas, minoría en el Congreso, presentaron el miércoles pasado una moción de vacancia en su contra, por incapacidad para cumplir sus obligaciones y dirigir el país. El documento firmado por 26 diputados se ampara en el artículo 113, 2 de la Constitución Política. Sin embargo, es muy fácil hablar de “incapacidad moral” o gritar “asesino”, cuando la autoridad se ve enfrentada a dos alternativas que no le dejan opción: deja que el país sea destruido o aplica la rigurosidad máxima para evitar su destrucción.

El Presidente chileno, Sebastián Piñera, tomó el primer camino. Y Chile fue arrasado. Había que respetar los derechos humanos, se decía. Pero los derechos humanos no son óbice para justificar el caos y la desolación social. Aun así, el gobierno del Presidente Piñera tuvo 12 acusaciones constitucionales, dos de las cuales le pertenecieron. La Presidenta Boluarte eligió el segundo camino. Salvó al Perú de la destrucción masiva, pero paga el alto precio de los muertos del enfrentamiento con las fuerzas del orden. Es un problema de objetividad histórica difícil de evaluar. “No podemos juzgar a nuestros adversarios como si nuestra propia causa estuviera identificada con la verdad absoluta”, decía el filósofo francés Raymond Aron.

Juzgar las medidas adoptadas por un gobernante es muy fácil, pero, siguiendo con Aron, sus adversarios políticos tendrían que preguntarse: “¿Y qué haría yo en su lugar?”. La violencia desatada antes de la caída de Castillo, y agudizada luego después por sus fuerzas partidarias que lo querían de regreso en Palacio Pizarro, ya contabiliza más de 60 muertos y centenas de heridos; un país profundamente polarizado, de odiosas diferencias sociales y culturales, y con una estructura política que en cualquier momento destituye al presidente con solo 87 de los 130 votos parlamentarios, y este en cualquier momento cierra el Congreso si el Parlamento le niega dos veces el voto de confianza al gabinete ministerial.

En todo caso, sea cual sea la realidad política y social de Perú, les corresponde solo a los peruanos encontrar el camino por la vía democrática e institucional, que los lleve a la paz social y al desarrollo económico que toda nación se merece. Ningún gobierno extranjero, ningún Jefe de Estado, puede arrogarse la superioridad moral para dictar cátedra de derechos humanos e inmiscuirse en los asuntos internos de Perú, pues, si estos se han infringido por el uso excesivo de la fuerza, corresponde a la justicia ordenar la investigación y castigar a los culpables.

Sí, la Presidenta Dina Boluarte camina sobre la cuerda floja.